Coacción a una ciudad, por Isabel San Sebastián

Metro
Nuevamente, traigo un artículo de Isabel San Sebastián, publicado en el diario EL mundo hoy 19 de Junio de 2010, por expresar mejor que nadie lo que muchos españoles sentimos:
LA HUELGA, tal y como se ejerce en España a falta de una ley que la regule, es la antítesis del ejercicio de un derecho democrático. Antes al contrario, constituye un acto de coacción pura y dura que sobre una mayoría de ciudadanos inermes lleva a cabo una minoría de privilegiados, amparada por una legislación franquista, ultraprotectora del trabajador, pensada para compensar las prohibiciones propias de una dictadura.

Huelgas como la que nos anuncian los trabajadores del Metro de Madrid, instigados por unos sindicalistas que ni siquiera sufrirán el descuento en sus nóminas, al estar blindados en sus pesebres, no son legítimas, ni están justificadas, ni deberían tolerarse. ¿Qué sentido tiene paralizar una ciudad, bloqueando su principal medio de transporte, simplemente porque se les anuncian sacrificios similares a los que otros soportamos desde hace tiempo? ¿Qué hay de los millones de madrileños que esos días (28, 29 y 30 de junio) no podrán llegar hasta su trabajo? ¿Quién les resarcirá a ellos y a sus empleadores de las pérdidas correspondientes? Ni CCOO ni UGT, eso seguro.

Llamar «derecho democrático» a una opción que, para ser efectiva, sólo está al alcance de los colectivos capaces de tomar como rehén a la población (ferroviarios, controladores aéreos, pilotos, transportistas, etcétera) es demostrar una consideración muy pobre de lo que es la democracia. Democrático es que se garantice el derecho a la libre circulación y se castigue a quien lo vulnere. Democrático es que los madrileños podamos disfrutar del metro que pagamos con nuestros impuestos, a razón de 1.000 millones de euros al año, ya que el coste real de cada viaje, o tarifa de equilibrio, no equivale al precio del billete, sino que es de unos seis euros, sufragados por el contribuyente en dos millones de desplazamientos diarios. Democrático es que se establezcan unos servicios mínimos y se impongan duras sanciones a quienes los incumplan, aunque lleven el carné de un sindicato. Democrático es que los destrozos de esta recesión sean compartidos por todos los españoles proporcionalmente y no excluyan a los conductores y personal de mantenimiento del Metro de Madrid, convertidos en chantajistas de toda la capital desde su posición de fuerza. ¿Por qué van a librarse ellos de unos recortes que han afectado ya a todo el resto de los empleados públicos y a los del sector privado? ¿No saben que el año pasado quebraron 200.000 empresas y que la que les paga el sueldo habría corrido la misma suerte si no la sostuviéramos entre todos?

¡Ya está bien de coacciones y de privilegios! ¿Cuántos liberadossindicales viajan en este Metro? Los paganos del guateque estamos hartos.

LA HUELGA, tal y como se ejerce en España a falta de una ley que la regule, es la antítesis del ejercicio de un derecho democrático. Antes al contrario, constituye un acto de coacción pura y dura que sobre una mayoría de ciudadanos inermes lleva a cabo una minoría de privilegiados, amparada por una legislación franquista, ultraprotectora del trabajador, pensada para compensar las prohibiciones propias de una dictadura. Huelgas como la que nos anuncian los trabajadores del Metro de Madrid, instigados por unos sindicalistas que ni siquiera sufrirán el descuento en sus nóminas, al estar blindados en sus pesebres, no son legítimas, ni están justificadas, ni deberían tolerarse. ¿Qué sentido tiene paralizar una ciudad, bloqueando su principal medio de transporte, simplemente porque se les anuncian sacrificios similares a los que otros soportamos desde hace tiempo? ¿Qué hay de los millones de madrileños que esos días (28, 29 y 30 de junio) no podrán llegar hasta su trabajo? ¿Quién les resarcirá a ellos y a sus empleadores de las pérdidas correspondientes? Ni CCOO ni UGT, eso seguro. Llamar «derecho democrático» a una opción que, para ser efectiva, sólo está al alcance de los colectivos capaces de tomar como rehén a la población (ferroviarios, controladores aéreos, pilotos, transportistas, etcétera) es demostrar una consideración muy pobre de lo que es la democracia. Democrático es que se garantice el derecho a la libre circulación y se castigue a quien lo vulnere. Democrático es que los madrileños podamos disfrutar del metro que pagamos con nuestros impuestos, a razón de 1.000 millones de euros al año, ya que el coste real de cada viaje, o tarifa de equilibrio, no equivale al precio del billete, sino que es de unos seis euros, sufragados por el contribuyente en dos millones de desplazamientos diarios. Democrático es que se establezcan unos servicios mínimos y se impongan duras sanciones a quienes los incumplan, aunque lleven el carné de un sindicato. Democrático es que los destrozos de esta recesión sean compartidos por todos los españoles proporcionalmente y no excluyan a los conductores y personal de mantenimiento del Metro de Madrid, convertidos en chantajistas de toda la capital desde su posición de fuerza. ¿Por qué van a librarse ellos de unos recortes que han afectado ya a todo el resto de los empleados públicos y a los del sector privado? ¿No saben que el año pasado quebraron 200.000 empresas y que la que les paga el sueldo habría corrido la misma suerte si no la sostuviéramos entre todos? ¡Ya está bien de coacciones y de privilegios! ¿Cuántos liberadossindicales viajan en este Metro? Los paganos del guateque estamos hartos.

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